Ejecutivos de la Compañía Azucarera Hondureña SA (CAHSA) exigieron ayer en un comunicado oficial que se aplique la ley contra invasores de fincas, especialmente en recientes casos donde se registraron personas muertas y heridas.
“Demandamos de los operadores de justicia que investiguen y promuevan el requerimiento fiscal correspondiente contra promotores de usurpaciones y se les deduzcan responsabilidades penales por ser autores intelectuales de invasiones y responsables de sus consecuencias”, expresa el comunicado.
También piden a funcionarios de Estado promover y ejecutar una verdadera política agraria que permita a auténticos campesinos tener acceso a tierras y a la vez se mantenga el respeto de la propiedad privada sobre las tierras que sí cumplen con esa función social.
“Están poniendo gravemente en precario la convivencia pacífica de los hondureños y facilitándoles con ello, a personas con intereses oscuros, atentar contra la paz en democracia a que tenemos derecho todos los hondureños”.
CAHSA, fundada en octubre de 1938, cuenta en la actualidad con 1,028 accionistas hondureños, dedicada al cultivo de caña, procesamiento y fabricación de azúcar para consumo nacional y exportación.
Trascendió que generan trabajo directo para más de 4,000 empleados y trabajo indirecto para más de 25,000 personas, contando con la relación contractual de 187 productores de caña independientes.
Para sostener estas fuentes de trabajo y un ciclo productivo han mantenido un clima de armonía que promueve el respeto a la seguridad jurídica y a las leyes, según sus ejecutivos.
“Somos propietarios legales de tierras que hemos hecho productivas desde 1939 y contamos con la protección legal de un sobretecho que protege estas tierras, autorizado por el Instituto Nacional Agrario (INA) desde 1976”, agrega el comunicado.
“Desde 2011 hemos venido siendo víctimas de constantes y reiteradas invasiones a nuestras tierras por parte de invasores, asesorados por políticos inescrupulosos y aprovechando la ignorancia de los invasores, a quienes mediante engaños hacen incurrir en el delito de usurpación y daños a nuestras instalaciones”.
“Es importante establecer, que sobre estas mismas tierras se han practicado cuatro desalojos, que demuestran que el derecho de propiedad sobre estas tierras nos asiste, pero es preocupante que cada vez que nos invaden tenemos que hacer nuevos trámites, habiendo demostrado desde el primer desalojo concedido nuestro derecho de propiedad”, concluye el documento.
Fuente: Diario La Tribuna 22 de mayo, 2013





